Castillo en el desierto

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jueves, 27 de septiembre de 2018

¿Cooperación o imposición? El caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala



El martes pasado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva york,  el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pronunció un discurso que por su valentía al señalar la instrumentalización ideológico-política de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y los abusos jurídicos cometida por ella, puede ser catalogado de antológico, dentro de las denuncias públicas que líderes políticos han manifestado a lo largo de la historia en contra de injerencias intolerables que menoscaban la soberanía de las naciones.

Luego de haber agradecido el apoyo que esta Comisión brindó en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, el presidente explicó las razones por las que ya no prorrogaría más el mandato de la CICIG. Valga mencionar que ya se le había prorrogado cinco veces, cuando inicialmente estaba estipulada para una duración de dos años. Como señala Morales, y dada su naturaleza de constituir una cooperación técnica, temporal, como Comisión, parece que una década es tiempo suficiente para dar por cumplida su misión.

Pero existen otras razones de mayor peso que determinaron que el mandatario se decidiese por dar por finalizada la misión de la CICIG. En sus propias palabras:

“Primero: porque violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, excediéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso.

Segundo: porque el comisionado Velásquez se entrometió en asuntos internos del país  politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad”.

Morales denuncia varios aspectos negativos en la CCIG como lo son: la negación reiterada a rendir cuentas, persecuciones ilegales a personas y familias guatemaltecas, la mediatización de casos vulnerando la presunción de inocencia para ejercer presión sobre magistrados y jueces para sus resoluciones, uso excesivo de fuerza, abuso de poder, excesivo uso de prisión preventiva con casos que excedieron al tiempo establecido por las  leyes en Guatemala, entre otros.

Por otra parte, la CICIG en el ejercicio de sus funciones, ha contribuido, de acuerdo al Presidente, a la polarización de la sociedad guatemalteca. “Grupos de personas con pensamientos extremistas, han querido aprovechar la bandera de la lucha contra la corrupción, aplaudiendo persecuciones selectivas que se han hecho más que manifiestas, por una CICIG sesgada ideológicamente”, aseveró el mandatario.

Tras la denuncia de estos atropellos, perfectamente calificable como escandalosos, máxime si se toman en cuenta los ejemplos que pone el mismo presidente (pero no solamente él, sino decenas de analistas políticos, abogados y ciudadanos), Morales solicitó al Secretario General de la ONU para que de común acuerdo nombren al nuevo comisionado de la CICIG para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes.

De lo expuesto por el mandatario guatemalteco, invito a hacer las siguientes consideraciones:

1. En la vida social y política, es forzoso pasar de lo abstracto a lo concreto. Lo que no es de ninguna manera una apología del pragmatismo. Tampoco implica restarle valor a lo abstracto en tanto marco orientativo para la ejecución de acciones a realizar o como estructurador de pensamiento y valores. Sencillamente, es el reconocimiento de que si lo abstracto no se encarna en la experiencia humana, no tendrá más peso que el del humo y su concreción será así de volátil. Para el caso, de poco servirá hablar de “soberanía nacional” si aunque en teoría se reconozca que los estados modernos son soberanos, en la práctica eso no se quede más que en la letra de Tratados internacionales, Constituciones y discursos de políticos en campaña.

Ha habido diferentes órdenes supraestatales en diferentes épocas y culturas. La historia y la experiencia nos enseñan que la independencia y soberanía de los países es relativa. Depende en parte de su rol y posición dentro del orden internacional concreto al que pertenezcan. Pero aun reconociendo esta limitación, una nación, en la medida que se considere madura y sana, debe ser capaz de asentir o disentir con respecto a lo que otra nación u orden internacional le propongan, según sus propios intereses y valores. Carecer de esta capacidad de decisión, o renunciar a ella, implicaría una condición de servilismo o de evasión de asumir una responsabilidad histórica frente a los problemas que le planteen sus interlocutores, sean estos miembros de su propia sociedad, u otros países u organismos de carácter internacional.

Reconocer el grado de veracidad de todo lo que ha denunciado el Presidente Morales sobre la CICIG les competerá a los guatemaltecos, en primer lugar. No obstante, sea como fuere, su actitud asertiva en la ONU deja entrever una voluntad práctica por defender la soberanía de su país, frente a abusos y atropellos de una específica intervención internacional a la que acusa de haberse desviado de su objetivo original y de haberse excedido en el alcance de sus atribuciones.

2. Reconocer que nuestras instituciones estatales y gobierno tengan deficiencias, algunas incluso diagnosticadas como graves, no implica forzosamente tener que recurrir a que instancias internacionales vengan a solucionarlas. Llegar a admitir tal necesidad debería haber pasado antes por intentos serios de resolver los problemas internos por nuestros propios agentes sociales y políticos, implementando  medidas y reformas fruto de amplias consultas con la contribución intelectual, ética y profesional de todos los sectores de nuestra propia sociedad. Si luego de semejante esfuerzo,  y si el estado de nuestras instituciones realmente rayara en la inoperancia y en una corrupción estructural imposible de contener, entonces me parecería más justificable admitir una injerencia extranjera en el funcionamiento de dichas instituciones. Pero aun en ese caso, no se puede dar un cheque en blanco a organismos o comisiones internacionales. En Guatemala no se le dio a la CCIG. Pero tampoco se pudo  o quiso contener el límite de atribuciones y de operaciones que se fue arrogando, en contra de lo estipulado, vulnerando la soberanía nacional así como la legalidad de la nación hermana.

3. En El Salvador hay personas, partidos y movimientos que fomentan entusiastamente implantar una CICIES. Les daremos el beneficio de la duda respecto a sus intenciones. Quisiera creer que lo hacen de buena fe, pensando en la cooperación técnica y limitada que pueda ofrecer para combatir la corrupción y la impunidad. Pero, si llegara a saber que conocen el caso guatemalteco con suficiencia, lo mínimo que me podría entrar es duda respecto a sus intenciones. Me preguntaría si estos mismos no estarían recibiendo algún beneficio de parte de oscuros mecenas internacionales. Me cuestionaría cuáles son sus intereses reales detrás de la fachada de la guerra contra la corrupción y si por “casualidad” no estarían parcializados políticamente hacia un ala “progresista”,  con intención de polarizar nuestra sociedad más de lo que está, para propiciar además una cacería de brujas con dedicatoria a la derecha conservadora y nacionalista, mientras ellos se alzarían como los “paladines de la justicia” y “amigos del pueblo”.

Ojo, pues, con estas personas y grupos. Identifiquémoslos. Sigamos la pista de su discurso y acción, y con quiénes están aliados.

4. Finalmente, más que  indagar las intenciones de quienes apoyan o no una CICIES, lo que importa es discutir el tema públicamente. Conocer la argumentación a favor o en contra. Estudiar las experiencias en la república hermana. Analizar si  existen otras alternativas aplicables y si realmente amerita su implementación en El Salvador.







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