El martes pasado, en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva york,
el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pronunció un discurso que por
su valentía al señalar la instrumentalización ideológico-política de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y los abusos jurídicos
cometida por ella, puede ser catalogado de antológico, dentro de las denuncias
públicas que líderes políticos han manifestado a lo largo de la historia en
contra de injerencias intolerables que menoscaban la soberanía de las naciones.
Luego de haber agradecido el
apoyo que esta Comisión brindó en favor de la transparencia y la lucha contra
la corrupción, el presidente explicó las razones por las que ya no prorrogaría
más el mandato de la CICIG. Valga mencionar que ya se le había prorrogado cinco
veces, cuando inicialmente estaba estipulada para una duración de dos años. Como
señala Morales, y dada su naturaleza de constituir una cooperación técnica,
temporal, como Comisión, parece que una década es tiempo suficiente para dar
por cumplida su misión.
Pero existen otras razones de
mayor peso que determinaron que el mandatario se decidiese por dar por finalizada
la misión de la CICIG. En sus propias palabras:
“Primero: porque violó la Constitución Política de la República,
nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, excediéndose en su mandato,
manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el
debido proceso.
Segundo: porque el comisionado Velásquez se entrometió en asuntos
internos del país politizando la
justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad
guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar
la seguridad”.
Morales denuncia varios aspectos
negativos en la CCIG como lo son: la negación reiterada a rendir cuentas, persecuciones
ilegales a personas y familias guatemaltecas, la mediatización de casos
vulnerando la presunción de inocencia para ejercer presión sobre magistrados y
jueces para sus resoluciones, uso excesivo de fuerza, abuso de poder, excesivo
uso de prisión preventiva con casos que excedieron al tiempo establecido por
las leyes en Guatemala, entre otros.
Por otra parte, la CICIG en el
ejercicio de sus funciones, ha contribuido, de acuerdo al Presidente, a la
polarización de la sociedad guatemalteca. “Grupos
de personas con pensamientos extremistas, han querido aprovechar la bandera de
la lucha contra la corrupción, aplaudiendo persecuciones selectivas que se han
hecho más que manifiestas, por una CICIG sesgada ideológicamente”, aseveró
el mandatario.
Tras la denuncia de estos
atropellos, perfectamente calificable como escandalosos, máxime si se toman en
cuenta los ejemplos que pone el mismo presidente (pero no solamente él, sino
decenas de analistas políticos, abogados y ciudadanos), Morales solicitó al
Secretario General de la ONU para que de común acuerdo nombren al nuevo comisionado
de la CICIG para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las
instancias correspondientes.
De lo expuesto por el mandatario
guatemalteco, invito a hacer las siguientes consideraciones:
1. En la vida social y política,
es forzoso pasar de lo abstracto a lo concreto. Lo que no es de ninguna manera una
apología del pragmatismo. Tampoco implica restarle valor a lo abstracto en
tanto marco orientativo para la ejecución de acciones a realizar o como
estructurador de pensamiento y valores. Sencillamente, es el reconocimiento de
que si lo abstracto no se encarna en la experiencia humana, no tendrá más peso
que el del humo y su concreción será así de volátil. Para el caso, de poco
servirá hablar de “soberanía nacional” si aunque en teoría se reconozca que los
estados modernos son soberanos, en la práctica eso no se quede más que en la
letra de Tratados internacionales, Constituciones y discursos de políticos en
campaña.
Ha habido diferentes órdenes
supraestatales en diferentes épocas y culturas. La historia y la experiencia
nos enseñan que la independencia y soberanía de los países es relativa. Depende
en parte de su rol y posición dentro del orden internacional concreto al que
pertenezcan. Pero aun reconociendo esta limitación, una nación, en la medida
que se considere madura y sana, debe ser capaz de asentir o disentir con
respecto a lo que otra nación u orden internacional le propongan, según sus
propios intereses y valores. Carecer de esta capacidad de decisión, o renunciar
a ella, implicaría una condición de servilismo o de evasión de asumir una
responsabilidad histórica frente a los problemas que le planteen sus
interlocutores, sean estos miembros de su propia sociedad, u otros países u
organismos de carácter internacional.
Reconocer el grado de veracidad
de todo lo que ha denunciado el Presidente Morales sobre la CICIG les competerá
a los guatemaltecos, en primer lugar. No obstante, sea como fuere, su actitud
asertiva en la ONU deja entrever una voluntad práctica por defender la soberanía
de su país, frente a abusos y atropellos de una específica intervención
internacional a la que acusa de haberse desviado de su objetivo original y de
haberse excedido en el alcance de sus atribuciones.
2. Reconocer que nuestras
instituciones estatales y gobierno tengan deficiencias, algunas incluso
diagnosticadas como graves, no implica forzosamente tener que recurrir a que
instancias internacionales vengan a solucionarlas. Llegar a admitir tal
necesidad debería haber pasado antes por intentos serios de resolver los
problemas internos por nuestros propios agentes sociales y políticos,
implementando medidas y reformas fruto
de amplias consultas con la contribución intelectual, ética y profesional de
todos los sectores de nuestra propia sociedad. Si luego de semejante
esfuerzo, y si el estado de nuestras
instituciones realmente rayara en la inoperancia y en una corrupción
estructural imposible de contener, entonces me parecería más justificable
admitir una injerencia extranjera en el funcionamiento de dichas instituciones.
Pero aun en ese caso, no se puede dar un cheque en blanco a organismos o
comisiones internacionales. En Guatemala no se le dio a la CCIG. Pero tampoco
se pudo o quiso contener el límite de
atribuciones y de operaciones que se fue arrogando, en contra de lo estipulado,
vulnerando la soberanía nacional así como la legalidad de la nación hermana.
3. En El Salvador hay personas,
partidos y movimientos que fomentan entusiastamente implantar una CICIES. Les
daremos el beneficio de la duda respecto a sus intenciones. Quisiera creer que
lo hacen de buena fe, pensando en la cooperación técnica y limitada que pueda
ofrecer para combatir la corrupción y la impunidad. Pero, si llegara a saber
que conocen el caso guatemalteco con suficiencia, lo mínimo que me podría
entrar es duda respecto a sus intenciones. Me preguntaría si estos mismos no
estarían recibiendo algún beneficio de parte de oscuros mecenas
internacionales. Me cuestionaría cuáles son sus intereses reales detrás de la
fachada de la guerra contra la corrupción y si por “casualidad” no estarían
parcializados políticamente hacia un ala “progresista”, con intención de polarizar nuestra sociedad
más de lo que está, para propiciar además una cacería de brujas con dedicatoria
a la derecha conservadora y nacionalista, mientras ellos se alzarían como los
“paladines de la justicia” y “amigos del pueblo”.
Ojo, pues, con estas personas y
grupos. Identifiquémoslos. Sigamos la pista de su discurso y acción, y con
quiénes están aliados.
4. Finalmente, más que indagar las intenciones de quienes apoyan o
no una CICIES, lo que importa es discutir el tema públicamente. Conocer la
argumentación a favor o en contra. Estudiar las experiencias en la república
hermana. Analizar si existen otras
alternativas aplicables y si realmente amerita su implementación en El
Salvador.
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